Guanajuato, Guanajuato, a 28 de mayo 2026.- Cuatro integrantes de una célula delictiva fueron sentenciados a ocho años de prisión tras ser encontrados responsables del delito de privación de la libertad agravada, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Nuevo.
La Fiscalía General del Estado informó que los sentenciados identificados como Ricardo “N”, Luis Mateo “N”, Rodrigo “N” y Eleazar Antonio “N”, participaron en la privación ilegal de una mujer ocurrida durante la madrugada del 22 de febrero de 2024 en la comunidad de Cerritos.
De acuerdo con las investigaciones, hombres armados ingresaron de manera violenta al domicilio de la víctima alrededor de las tres de la mañana, donde la sometieron y amarraron con cinchos plásticos para posteriormente subirla por la fuerza a una camioneta.
Las indagatorias permitieron establecer que la afectada fue trasladada inicialmente al puente de Santiaguillo y posteriormente cambiada a una motocicleta en la que dos sujetos la condujeron hacia la comunidad de Los Duranes, donde permaneció retenida bajo vigilancia durante varias horas hasta ser liberada.
Tras la integración de pruebas periciales, análisis forenses y trabajos de investigación ministerial, el caso avanzó hasta una audiencia de procedimiento abreviado, donde el Ministerio Público presentó elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad de los acusados.
Además de la pena privativa de la libertad, el órgano jurisdiccional determinó sanciones económicas individuales para cada uno de los responsables, así como la suspensión de sus derechos político-electorales.
Como parte de la reparación integral del daño, el tribunal también ordenó el pago de una indemnización destinada a cubrir tratamiento psicoterapéutico para la víctima.
La Fiscalía estatal señaló que durante las diligencias también fueron asegurados los vehículos utilizados para cometer el delito, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente.
Finalmente, la dependencia destacó que esta sentencia fue resultado de trabajos coordinados de investigación criminal, análisis científico y labores ministeriales orientadas a garantizar justicia para la víctima y sancionar a los responsables.
